El Real Decreto-Ley 20/2011, aprobado por el Gobierno de España el 30 de diciembre de 2011 y publicado en el Boletín Oficial del Estado al día siguiente, es una medida que prorroga diversas normativas fiscales hasta el 31 de diciembre del mismo año. Esta prórroga afecta principalmente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y tiene como objetivo garantizar la continuidad de incentivos y beneficios fiscales que ya habían sido aprobados previamente.

Además, el Real Decreto-Ley 20/2011 también prorroga otras medidas como la exención en el IRPF de las prestaciones por desempleo, la deducción por maternidad o la compensación por la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones. Esta prórroga se realiza en un contexto de medidas de austeridad fiscal y tiene como objetivo mantener la estabilidad y previsibilidad en la fiscalidad española.