En el año 2012, la Comunidad Autónoma de Castilla y León introdujo varias deducciones en su Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) dirigidas principalmente a fomentar la creación de empleo y a ayudar a aquellos contribuyentes con situaciones específicas.

Además, se estableció una deducción autonómica por inversión en empresas de nueva creación, con el objetivo de incentivar la inversión en el tejido empresarial de la comunidad. Esta deducción consistía en un 20% de la cantidad invertida en la empresa, con un límite máximo de 10.000 euros por contribuyente.

En definitiva, en 2012 la Comunidad Autónoma de Castilla y León introdujo varias deducciones en su IRPF con el objetivo de fomentar el empleo, la inversión en empresas y reducir la brecha salarial de género, ofreciendo así un impuesto más progresivo y ajustado a las necesidades de sus contribuyentes.