La deducción por gastos en defensa jurídica es un beneficio fiscal que está incluido en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en España. Esta deducción permite a los contribuyentes que hayan incurrido en gastos por defensa jurídica, ya sea en un proceso judicial o extrajudicial, poder deducirlos en su declaración de impuestos.

Entre los gastos que se pueden deducir se encuentran los honorarios de abogados y procuradores, así como otros gastos derivados de la defensa en un proceso judicial o extrajudicial, como pueden ser los costes de notificaciones o peritajes. Sin embargo, no se podrán deducir los gastos si el contribuyente ha recibido una indemnización por parte del contrario para cubrirlos.