Según la Constitución Española de 1978, se reconoce el derecho de los ciudadanos a colaborar con el sostenimiento de la Iglesia Católica y demás confesiones religiosas. Para ello, existe un sistema denominado «Asignación Tributaria», el cual permite a los ciudadanos destinar un porcentaje de sus impuestos a la Iglesia Católica.

Para poder destinar esta parte de los impuestos a la Iglesia Católica, el ciudadano debe marcar la casilla correspondiente en su declaración de la renta o realizar una declaración expresa ante la Administración Tributaria. Este porcentaje destinado a la Iglesia no afecta al impuesto a pagar por el contribuyente, sino que se deduce de la parte del Estado que se destina a los fines generales.

Sin embargo, este sistema de asignación tributaria ha sido objeto de debate en la sociedad española, ya que existen opiniones encontradas sobre su continuidad. Algunos argumentan que es necesario mantener este sistema de financiación para garantizar la libertad religiosa y el sostenimiento de la Iglesia Católica, mientras que otros consideran que debe ser eliminado o modificado para que sea más equitativo con otras confesiones religiosas y no creyentes.