La reducción por arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda en el año 2012 fue una medida implementada por el gobierno español con el objetivo de incentivar el alquiler de viviendas y facilitar el acceso a la vivienda a los ciudadanos. Esta reducción consistía en una rebaja del 60% en la base imponible del Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF).

Esta reducción se podía aplicar tanto en el caso de arrendamientos de viviendas nuevas como de viviendas de segunda mano, siempre y cuando cumplieran con los requisitos mencionados anteriormente. Además, se aplicaba exclusivamente a contratos de arrendamiento con una duración mínima de 3 años, lo que incentivaba la estabilidad en el alquiler.