La amortización acelerada es un método permitido por la legislación española que permite a las empresas reducir la carga fiscal de sus actividades a través de una depreciación más rápida de sus activos. Este método consiste en acelerar la amortización de los bienes de la empresa durante los primeros años de vida útil, lo que permite una mayor deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

La amortización acelerada en 2012 estuvo limitada a un máximo del 30% del valor del bien adquirido, excepto en casos de inversiones en nuevas tecnologías, en los que se permitió una aceleración del 60%. Además, esta medida estuvo sujeta a ciertos requisitos, como mantener la inversión durante al menos tres años y no obtener pérdidas en el ejercicio en el que se aplicara la amortización acelerada. Con esta medida, se pretendía incentivar la inversión y el crecimiento económico en un momento de recesión.