La ley aprobada por el parlamento en julio, obliga a las empresas y administraciones publicas a pagar en la fecha estipulada en dicha ley, pero existen muchos incumplimientos en dicho sentido.

La ley de morosidad fue aproba por el parlamento en julio y fijaba el pago de las deudas en 55 dias para las administraciones publicas y en 85 días para particulares.

El 90 % de las administraciones públicas ( ayuntamientos,diputaciones, comunidades autónomas y organismos estatales) incumplen la normativa y se van a los 158 días,frente a los 67 de la media europea.

En el caso de los particulares o pequeñas empresas-autónomos, se llegan a los 101 dias frente a los 85 establecidos y con respecto a europa( 57 dias) estamos a una diferencia abismal.